Cuando existe un conflicto entre un ciudadano y una Administración pública, y no ha sido posible resolverlo a través de la propia vía administrativa definida en la normativa, la única alternativa de solución que queda es el recurso contencioso-administrativo.
Es la Ley 29/1998, reguladora la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la que determina cómo se desarrolla este procedimiento.
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Qué es un recurso contencioso-administrativo
Es un medio legal que permite a los ciudadanos impugnar decisiones y actos administrativos tomados por Administraciones públicas, y por los organismos y entidades de derecho público.
Implica que la decisión tomada por una entidad pública con base en el derecho administrativo se somete al examen de los tribunales, para que sean estos los que determinen si la Administración tenía razón a la hora de tomar la decisión impugnada o si, por el contrario, se ha causado un perjuicio a un ciudadano o a un conjunto de ciudadanos.
Para qué se utiliza
La interposición del recurso contencioso-administrativo puede perseguir diferentes finalidades como conseguir la anulación o revocación de un activo administrativo por no ajustarse a derecho o lesionar los derechos o intereses legítimos de los administrados; impugnar una decisión administrativa con la que no se está de acuerdo; reclamar una indemnización si la Administración ha causado un daño o un perjuicio; defender los derechos fundamentales frente a una vulneración causada por la Administración pública.
Para ello, se han articulado en nuestro ordenamiento jurídico diferentes tipos de recursos contencioso-administrativos.
Procedimiento abreviado
Se reserva para cuestiones muy específicas que requieren de una especial celeridad, como extranjería, inadmisión de solicitudes de asilo político o procesos de escasa cuantía económica.
Procedimiento contencioso-administrativo ordinario
Para el resto de casos que no deben someterse al procedimiento abreviado ni tienen previsto un procedimiento especial.
Procedimiento especial
Su finalidad es tratar los asuntos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución por parte de la Administración.
Procedimiento para interponer un recurso contencioso-administrativo
El recurso se interpone siempre por escrito, ante el órgano judicial competente. El propio acto susceptible de impugnación determina los recursos que caben frente al mismo, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo para ello.
El recurso debe indicar claramente qué es lo que se solicita y debe aportar argumentos para defender dicha solicitud. Además, al escrito se debe acompañar toda la información relacionada con el caso. Y es absolutamente crucial especificar frente a qué resolución, actuación o inactividad se interpone el recurso.
Para poder presentarlo es necesario contar con la asistencia de un abogado y ser representado por un procurador. A fin de salvaguardar los derechos del interesado, es considerable respetar el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. Hay 60 días (a contar desde el siguiente a la notificación del acto impugnado o su publicación) para presentarlo.
En los casos de silencio administrativo, el plazo es de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que se produjo el silencio administrativo. Si el recurso cumple todos los requisitos legales, será admitido a trámite. Después, el tribunal dictará sentencia estimando la pretensión del actor o desestimándola.
El recurso contencioso-administrativo es un procedimiento complejo que requiere de especialistas en esta materia. Si necesitas un abogado especializado en derecho administrativo, estamos aquí para ayudarte.
